El autor, profesor de la Universidad Complutense,
hace un llamamiento para que las bibliotecas sigan siendo públicas. Un derecho
a la cultura recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts.
22 y 25) y que se encuentra amenazado en el momento actual. Las bibliotecas,
"en épocas de crisis, sirven de refugio a millones de ciudadanos",
explica, entre otras cosas, este artículo.
La crisis a la que nos ha
conducido el capitalismo de casino que vivimos va acompañada de un discurso
reaccionario según el cual parece ser que es muy costoso mantener los derechos
de los ciudadanos. Así, el trabajo decente es un privilegio, según nos
recuerdan continuamente; la sanidad y la educación han pasado a ser un lujo
insostenible de ciudadanos consentidos por gobiernos bondadosos que nos han
estado manteniendo a la sopa boba; los funcionarios, una carga insoportable;
las pensiones, en el futuro no podrán mantenerse. El derecho a la cultura y a
la información, en este contexto, ya parece un lujo extravagante.
Se trata de un ataque al Estado
del bienestar que viene ya de lejos y que se sustenta en una serie de falacias
que autores como Vicenç Navarro han ido desmontando. En España el nivel de
gasto social está por debajo de la media de la Europa de los 15, los
países de “nuestro entorno” con los que debemos medirnos (España tiene un nivel
de riqueza del 94% del promedio de la
UE-15 y su gasto público social es sólo un 74%, según
publicaba Navarro hace unos días); lo mismo ocurre con el número de
funcionarios y otros indicadores del estado del bienestar, estado que es
producto de una serie de luchas históricas para conseguir unos derechos
sociales que permitan un nivel de vida digno, como proclama la Declaración Universal
de Derechos Humanos (arts. 22 y 25).
Los derechos económicos, sociales
y culturales no son ningún lujo, sino una exigencia a la que no podemos
renunciar si queremos pertenecer a una sociedad democrática. Y en una sociedad
democrática no estaría mal que las prioridades económicas y la distribución de
ingresos y gastos fueran cuestiones en las que la ciudadanía tuviera algún
papel, y no sólo esos dos entes que se han convertido en la gran coartada:
“Europa” y “los mercados”.
Según la Constitución Española,
tantas veces invocada cuando interesa e ignorada también cuando interesa, “la
riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está
subordinada al interés general” (art. 128.1). El ataque al Estado del bienestar
y la crisis económica y social provocada por prácticas económicas irresponsables
socialmente, por políticas económicas erradas y por la ideología neoliberal,
van enviando a millones de personas a engrosar las cifras de pobreza (¡casi 9
millones de pobres ya en nuestro país!) y exclusión social.
Precisamente este escenario de crisis
debería conducir a políticas de ayuda y protección a los sectores más
vulnerables. Uno de los instrumentos más eficaces para ayudar a estos sectores
es la educación, que, como estamos viendo va hacia un modelo de beneficiencia
para las capas de menor poder adquisitivo, anulando así su potencial para
ayudar a que las personas puedan llevar a cabo sus proyectos vitales. Y muy
directamente relacionadas con la educación están las bibliotecas públicas, que
protegen los derechos de acceso a la cultura, a la información y a la educación
para toda la población. Como no podría ser de otra forma dentro del modelo que
se quiere imponer de “sálvese quien pueda”, las bibliotecas públicas también
están sufriendo recortes inadmisibles de presupuestos, de horarios y de
personal. Sin embargo, en épocas de crisis, las bibliotecas públicas sirven de
refugio a millones de ciudadanos que tienen bajo nivel adquisitivo y, por
consiguiente, pocos recursos.
LA
FUNCIÓN SOCIAL Y
EDUCATIVA DE LAS BIBLIOTECAS
En febrero de 2010 se redactó la Declaración de Murcia
sobre la Acción
social y educativa de las bibliotecas públicas en tiempo de crisis. En ella se
dice que las bibliotecas cumplen una función social y educativa en todo
momento, pero, “particularmente, pueden ser un recurso fundamental de inclusión
y promoción social cuando la crisis económica incrementa el número de personas
en paro, precariedad laboral, vulnerabilidad o exclusión social”. En épocas de
crisis especialmente “hay que transmitir y hacer que la sociedad conozca la
función de la biblioteca como institución de formación permanente, inclusión
social y puerta de acceso a la sociedad de la información para todos”. Además,
se dice, “la biblioteca debe atender especialmente las necesidades inclusivas y
educativas de las personas y colectivos más vulnerables”.
Hace unas semanas el profesor
José Antonio Gómez (Universidad de Murcia) decía en un foro de discusión: “Nos
necesitan [refiriéndose a las bibliotecas] los cinco millones de personas en
situación de desempleo, la mitad de la población española sin acceso a Internet
en su hogar, los casi ocho millones de alumnos de la Educación obligatoria o
más del 20% de la ciudadanía que se encuentra por debajo del umbral de la
pobreza”.
No podemos seguir aceptando el
discurso que sugiere que los derechos sociales no son derechos humanos, o bien
que son para épocas de vacas gordas. Precisamente en épocas de crisis es cuando
los derechos sociales son más necesarios, ya que son derechos solidarios y su
función es garantizar un nivel de vida digno a todo ser humano, además de dar
oportunidades a las capas más desfavorecidas. De hecho, en la crisis de 1929
los servicios públicos, concebidos precisamente para atender los derechos
sociales, pasaron de ser un paliativo de los fallos del mercado a ser un
instrumento de regulación del capitalismo.
La biblioteca es un servicio
esencial para ejercer los derechos de acceso a la cultura, a la información y a
la educación, sin los que el ciudadano no puede participar en la vida social y
cultural. La crisis económica no debe ser una excusa para recortar presupuestos
destinados a ella, sino un motivo para fortalecerla, si no queremos volver al
modelo de beneficiencia del siglo XIX, cuando los pobres no tenían derecho a
nada, sino que recibían la vergonzante caridad de los ricos. La biblioteca
pública es un derecho que debemos defender sin el menor titubeo
* Pedro López López es Profesor de la Universidad Complutense
Miembro de la
Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas
Diagonal
